Hasta la segunda década del siglo XX, la mayoría de las elecciones celebradas en Argentina estuvieron viciadas por distintas prácticas de fraude, desde votos dobles hasta extorsiones a los integrantes del padrón habilitado.

Recién el 10 de febrero de 1912 se sancionó la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto universal secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos varones, nativos o naturalizados, mayores de 16 años de edad, habitantes de la nación y que estuvieran inscriptos en el padrón electoral. Se neutralizaron así las más habituales prácticas espurias cometidas hasta entonces durante las elecciones presidenciales.