En 1884, se sanciona la Ley de Aguas de Mendoza: fue la primera del país y de Latinoamérica. En ella se contemplan principios hídricos que sientan las responsabilidades de concesionarios, usuarios y propietarios con respecto a los recursos hídricos. Se asientan así los derechos de explotación, teniendo en cuenta la calidad, cantidad y preservación del recurso.

Así, la Ley de Aguas busca evitar los posibles conflictos que podrían surgir a raíz de las cuencas hídricas que son compartidos, teniendo en cuenta que se trata de un recurso indispensable para la vida y para el desarrollo de las actividades productivas.